Durante 2011 hubo un gran terremoto en educación, que inicialmente desconcertó y que obligó  a todos los actores a replantearse. Los estudiantes ya corrieron el cerco del modelo de manera irreversible, aunque no habrá cambios significativos sin reforma política y tributaria.

Cuando nació Educación 2020, hace tres años, no nos cuestionamos las reglas del sistema. Con un Parlamento binominalmente pareado, cualquier cambio que significara ley de quórum calificado estaba condenado al fracaso. Nuestra urgencia era -y sigue siendo-  rescatar lo más rápidamente posible a cientos de miles de jóvenes que siguen egresando del sistema escolar sin entender lo que leen. Lo haríamos “en la medida de lo posible”, a sabiendas que tan sólo eso era una tarea improbable: mejores profesores, más exigidos en su formación, mejor remunerados y con mejores condiciones de trabajo; mejores directivos; y muchos más recursos para la educación, en particular para los más vulnerables.

A inicios del 2011 había algunos avances importantes, y llegó el terremoto. Inicialmente nos quedamos tan desconcertados como las autoridades y la oposición, y las tensiones de la sociedad se trasladaron al interior de Educación 2020. Se había desatado un fenómeno cuyos orígenes ideológicos se remontan a las reformas diseñadas en los 80. Se cuestionó el modelo educativo en sus raíces… y eventualmente el modelo socioeconómico completo. Nos tomó varias semanas reordenarnos y construir planteamientos para el nuevo escenario, en que los estudiantes ya “corrieron el cerco del modelo” de manera irreversible. No está claro cuánto, pero se corrió.

Temblores anticipatorios

Terminamos enero contentos. Se aprobó la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, con importantes cambios en materia de directivos escolares, Estatuto Docente, retiros dignos para profesores. Un signo premonitorio: el proyecto de ley traía un “troyano financiero”. Si se aplicaba tal cual, demolía las ya maltrechas finanzas de cerca de la mitad de los municipios. Primera vez que el gobierno hacía un acto claramente agresivo respecto a la educación pública. Pero esto se revirtió en el Congreso, y por añadidura se firmó un protocolo de acuerdo entre gobierno y oposición que en verdad era nuestro sueño del pibe: todo lo que nos hubiera gustado ver (dentro de las reglas del juego del actual modelo) estaba allí considerado.

Cuál no sería nuestra sorpresa y desilusión cuando, a vuelta de vacaciones, el ministro Lavín anunció que daba por terminada la “revolución escolar” y que comenzaba la “revolución de la educación superior”. La escolar sólo estaba comenzando, y los hechos posteriores demostrarían que la “revolución superior” no era sino un eslogan. Se removió la falla geológica.

8,8 Richter

Las detonaciones suelen obedecer a una acumulación de masas críticas. La principal: la matrícula de la educación superior se expandió durante más de una década con un esquema desregulado, no de libertad sino de libertinaje de mercado, de 300.000 a un millón de alumnos, de los cuales cerca de un 40% no entiende lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas sencillas. Del millón, cerca de 40% termina desertando y endeudado, otro 30% con un título tan espurio, que no les permitirá pagar la deuda de sus elevadísimos aranceles ni en 30 años. Así, se acumularon 700.000 estudiantes que se dieron cuenta colectivamente de la falsa promesa, más dos o tres familiares por alumno, suma dos millones de personas engañadas por la venta al por menor de “productos” universitarios. Muchos de ellos son, probablemente, los mismos defraudados por La Polar, y que constatan a diario casos de colusión y abusos similares, al igual que los “indignados” de Madrid o Wall Street.

Los estudiantes salieron a la calle a exigir el fin del lucro (se puede releer como el fin del abuso), la defensa y expansión de la educación pública, y gratuidad en la educación superior. Los secundarios en esta ocasión iban a la cola del movimiento y con peticiones confusas, cuando en realidad las raíces del problema se originan en la educación parvularia, básica, y en los damnificados liceos técnicos. Todos salieron a demoler el modelo educativo diseñado en los 80. Ojo, no salieron a pedir un modelo “soviético de los 60″, sino las prácticas mayoritariamente utilizadas en los países de la OCDE: mayor preponderancia de educación pública, mayores aportes del estado, y el fin de los abusos. Cuando he explicado a embajadores de la OCDE que en Chile la educación general se desarrolla con fines de lucro, subsidiada, sin barreras de entrada, y con copago de los padres, me quedan mirando atónitos.

La reacción inicial del gobierno fue refugiarse en la intransigencia ideológica. El modelo se podría refaccionar, las becas mejorar, pero no se cuestionaría. El lucro no se discutiría, y el gasto aumentaría dentro del actual marco tributario (como quedó demostrado en el proyecto de Presupuesto 2012). Pero, además, la respuesta fue acompañada con lujo de agresiones innecesarias, en un ambiente enrarecido: “inútiles subversivos”, “manga de anarquistas”, “la educación es un bien de consumo”, “huachos”, satanizaciones diversas.

La violencia se desató, y los dirigentes estudiantiles moderados fueron predeciblemente sobrepasados por los intransigentes. Cayó un ministro, el conflicto escaló, se derramó más allá de la educación, y a la altura de agosto el panorama era tenebroso. Paradojalmente, los que defienden la educación pública escogieron como forma de lucha la  toma de establecimientos públicos, originando una migración aun más rápida al sector particular, para satisfacción de muchos, personeros del gobierno incluidos.

Esperando las réplicas del 2012

Un punto de inflexión se gestó al interior de la coalición de gobierno. Algunos de sus integrantes, todavía minoritarios, como Lily Pérez o Hernán Larraín, comenzaron a decir que había aspectos del modelo educativo y financiero que se podrían discutir. Transparencia. Carga tributaria. Lucro. Esto se amenizó con la discusión de un presupuesto anunciado como “revolucionario” cuando (para variar) distaba de serlo. Recientemente, el ambiente se reenrareció por el envío de un proyecto de ley que se podría llamar de Casi Desmunicipalización Desfinanciada, que concitó rechazo universal, incluso de parlamentarios y alcaldes de gobierno. La educación pública no parece estar en el corazón del gobierno, como no estuvo en los hechos durante los 20 años anteriores. Los resultados de la elección de nuevos dirigentes universitarios auguran un 2012 “caliente”.

¿Hay luz al final del túnel?

Seamos sinceros. No habrá cambios significativos al modelo educativo (posiblemente el más neoliberal, socialmente segregado y pro mercado del mundo) sin reforma política y tributaria. Resolver los problemas de la educación no es sólo un tema de recursos. Pero según varias estimaciones, incluyendo la nuestra, los cambios normativos y de gestión serán cosmética pura si no se inyectan gradualmente entre 2 y 3 puntos adicionales del PIB al sistema educativo. En suma, no habrá cambios relevantes sin cuestionar algunas bases fundacionales del modelo político y socioeconómico del “chorreo” diseñado en los 80 y que continúa casi intacto hasta hoy. Bajo gasto público, alto crecimiento, con altísima desigualdad y segregación.

Mientras eso no ocurra, y quién sabe cuándo ocurrirá, si es que ocurre, mucho dependerá de la decisión gubernamental – expresada en actos concretos- de rescatar la educación pública; mejorar significativamente la transparencia del sistema educativo; un cambio radical del modelo regulatorio de la educación en que todo establecimiento pase a ser una concesión del Estado con términos más rigurosos en cuanto a barreras de entrada, así como exigencias amplias de calidad; la disposición a inyectar recursos en serio a la madre de todas las reformas que es la carrera docente;  fórmulas transicionales adecuadas para los egresados de media que no entienden lo que leen; y abordar el enorme gap entre aranceles reales y de referencia en educación superior, donde se juegan cerca de mil millones de dólares al año.

Habrá réplicas telúricas el 2012. No sé cuántas ni de qué magnitud

 

Fuente: Que Pasa, 22/12/2011

 

 

La desigualdad es un tema clave en los países latinoamericanos y está apareciendo con mayor frecuencia en la agenda pública de la región. Cada día, son más los académicos, investigadores y tomadores de decisiones preocupados por el problema de la desigualdad, la cual no sólo persiste a través del tiempo, sino que se acrecienta. Por una parte, aumenta la brecha entre ricos y pobres al interior de los países y, por otra, la distancia entre países ricos y países pobres es cada vez mayor.

Prestando especial atención a este tema, próximamente se lanzará el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011, el cual abordará en detalle estas problemáticas desde la perspectiva de la desigualdad territorial. Esta iniciativa impulsada por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, gracias al apoyo del International Development Research Center (IDRC) y al Fondo Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA), informará sobre 10 países del continente: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.

Con miras a que el conocimiento empírico pueda alimentar la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a  minimizar brechas de desarrollo, el Informe busca dar cuenta de la relación entre crecimiento, pobreza y desigualdad en las regiones y territorios de América Latina, mostrando que las cifras promedio de los indicadores socioeconómicos de cada país en muchas ocasiones esconden varianzas significativas entre sus territorios o entre distintas unidades político–administrativas.

De esta manera, algunos indicadores determinados pueden hacer parecer que no existen problemas en una determinada área dado su valor promedio, pero, al mismo tiempo, ocultar que dicho promedio se compone de territorios en los cuales efectivamente el indicador es satisfactorio, y resultados de otros donde es evidentemente insatisfactorio.

Esta es, en términos generales, la situación de Chile, con un nivel de Desarrollo Humano Alto, ingreso medio, que forma parte de la OCDE y que se enorgullece de exhibir uno de los mejores resultados de la región en materia de acceso y cobertura de servicios básicos, sociales y de infraestructura, así como un buen desempeño macroeconómico.

Pero esta no es la realidad de todos los habitantes del país. Conocida es la situación de inequidad territorial que enfrenta la educación en Chile. Si consideramos, por ejemplo, un indicador de calidad construido en base al promedio de las calificaciones obtenidas en la Prueba SIMCE de Lenguaje y Matemática de octavo básico, para el año 2008, tenemos que 274 municipios obtienen resultados en torno a la media nacional (cercana a los 250 puntos), mientras que en los extremos, los municipios de Providencia y Vitacura obtienen 306 puntos y otros como Colchane y General Lagos obtienen 200 puntos y menos.

Las brechas de inequidad se repiten en prácticamente todas las dimensiones socioeconómicas estudiadas. Al observar la cobertura en términos de acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento, Chile presenta uno de los mayores porcentajes de América Latina, con un 92% de los hogares con acceso (promedio simple provincial). Sin embargo, el Informe ilustra que existen marcadas diferencias a nivel provincial, con 19 provincias que exhiben un porcentaje mayor a 96% (con los casos extremos de Antofagasta y Santiago en que la cifra es cercana al 100%) y 10 provincias cuyo indicador es menor a 85% (incluyendo los casos extremos de Chiloé y Bío Bío en que es menor a 75%).

En este marco, el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011 busca evidenciar la existencia de notables brechas territoriales y su impacto sobre las (desiguales) posibilidades de desarrollo de los territorios.

Blogs La Tercera, 26 de diciembre de 2011.

Este año, el movimiento estudiantil dejó en claro lo que muchos aún no advertían: no vivimos una época de cambios sino un cambio de época. Desde los años noventa, los grandes parámetros que definían la vida en sociedad en los dos siglos precedentes han ido quedando atrás: las ideologías dominantes, el papel de la ciudadanía, la velocidad de los cambios científicos y tecnológicos (así como su impacto en la economía y en las costumbres).

Subsisten, sí, las formas tradicionales de representación a través de los partidos y el modo de generar políticas sociales porque, tratándose de asuntos públicos, la gente prefiere al diablo conocido, por temor al desgobierno. Esta actitud es más fuerte entre quienes tienen una vida hecha y se acentúa todavía más de cara a grandes cambios.

Al amanecer de esta nueva época, veinte años atrás, las generaciones más jóvenes no se sintieron interpretadas por los modos de antaño y se marginaron. Ese fue el sentido del “no estoy ni ahí”, que estuvo en boga hace tiempo. La siguiente generación – nuestros universitarios de hoy – ha tomado un papel más activo, pero todavía fundamentalmente contestatario, antes que propositivo. Del malestar se avanzó a la indignación y de ésta al impulso por demoler lo existente. La expresión característica pasó a ser “no más”. Esta actitud contagió a los desencantados de antes, ya mayores, quienes sintieron que las brasas de sus anhelos podían volver a encenderse. La desconfianza hacia las instituciones y políticas públicas se generalizó.

Sabemos que la historia no marcha gradual y uniformemente, sino que conoce períodos de estancamiento, aceleración o ruptura. Los grandes quiebres sociales suelen parecerse al colapso de una represa. Se acumulan las presiones y terminan por derrumbarse los viejos muros de contención. En un comienzo, la masa de agua lo inunda todo; sólo gradualmente se consigue encauzarlas.

Teniendo todo esto en mente, consideremos los desafíos que enfrenta el movimiento estudiantil el año que viene. En el 2011, logró colocar en el tapete, con gran fuerza, el tema de equidad social. Hubo desmanes lamentables, sí, pero la justicia de su demanda por inclusión y mayor igualdad llegó a ser ampliamente reconocida. Ahora, los dirigentes de relevo, encabezados por Boric y Titelman (en aras de la transparencia, declaro que Gabriel Boric ha sido mi ayudante de cátedra, pero no hablo por él ni pretendo aconsejarlo) deben terminar por hacer comprender a quienes permanecen indolentes o remolones, el imperativo de forjar un pacto social justo. Se trata de un gran desafío porque los sectores sociales más reacios y el mundo político sólo reaccionan si se los aguijonea. Por tanto, los estudiantes probablemente mantendrán una intensa presión, pero también deberán anticipar, con sus métodos de acción y sus propuestas, la justicia, el respeto por la diversidad y la inclusión del nuevo trato social al que dicen aspirar. Es una tarea mayor, en estos tiempos inciertos de cambio de época. Los jóvenes no podrían darle término por sí mismos, pero quizás consigan dejarla encaminada. Lo que no sería poco.

 

Blogs La Tercera, 22 de diciembre