ESTUDIOS DE CASO Nº 104 GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONES EN HAITÍ: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO

Desde que nació como república en 1804, Haití ha tenido pocos momentos de estabilidad política y su historia está marcada por una sucesión de regímenes autoritarios y por protestas sociales recurrentes. Hoy, transcurridos más de 200 años después de su independencia, este país es conocido por su violencia política y la pobreza de su población que a diario los medios de comunicación proyectan a través del mundo. También transmiten la imagen de un país incapaz de asegurar el orden dentro de sus fronteras, puesto que en el transcurso de 10 años Naciones Unidas efectuó dos intervenciones para asegurar la paz entre facciones políticas y sociales. Al igual que la mayoría de los países de la región, Haití inició una transición democrática en la década de los 80, en particular en 1986, cuando el dictador Jean Claude Duvalier dejó el poder. Desde ese momento y hasta 2004, el país entró en un círculo de crisis políticas marcadas por golpes de Estado, conflictos electorales y de gobierno, por lo que se consideró que este país era un Estado ingobernable. Este trabajo trata de explicar por qué Haití tuvo esta trayectoria de ingobernabilidad durante su transición. La discusión teórica realizada sobre el tema lleva a plantear que el nivel de gobernabilidad depende de dos grandes variables: la capacidad de los actores estratégicos para lograr un consenso en torno a los grandes desafíos que plantea la transición y la capacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad. Distintos niveles de consenso y de capacidad pueden llevar a una amplia gama de condiciones de gobernabilidad, de las cuales es posible desprender cuatro grandes categorías: favorables, difíciles, frágiles y hostiles. Aplicado al caso de Haití, puede decirse que el país hizo frente a condiciones hostiles para la gobernabilidad a lo largo de su transición democrática. Estas condiciones son producto, por una parte, de la falta de consenso logrado entre los actores estratégicos en torno a los tres grandes desafíos que planteaba la transición: 1) elaborar una nueva constitución que definiera reglas del juego político capaces de facilitar los acuerdos y así reducir los conflictos políticos y sociales históricos, 2) realizar elecciones que permitieran poner de pie las primeras instituciones democráticas y 3) lograr acuerdos para gobernar. Por otra parte, el Estado tiene muchas limitaciones económicas y administrativas, por lo que su capacidad para responder a las demandas de la sociedad ha sido muy débil. Pese a que desde el año 2004 los actores han manifestado una mejor disposición para dialogar, y a que se han logrado algunos avances en el fortalecimiento de la capacidad del Estado, persisten las limitaciones estructurales como la corrupción, la debilidad de las instituciones electorales y la fragilidad de la estabilidad del gobierno y del Parlamento. En este contexto, las políticas públicas pueden ser claves en la medida en que fortalecen las instituciones políticas y la administración pública.