ESTUDIOS DE CASO Nº 109 CORRESPONSABILIDAD ESTADO-SOCIEDAD CIVIL EN EL ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Desde el siglo XVIII, las iniciativas orientadas a la infancia vulnerable en Chile han incorporado a actores de la Sociedad Civil en la provisión del bienestar, quienes en un comienzo se hicieron cargo de las necesidades de los menores con algún grado de acercamiento por parte del Estado. A puertas del Bicentenario, y en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta aproximación se da mayormente articulada entre ambas esferas en pos de mejorar las condiciones de vida de la infancia, situación que para los efectos de este estudio de caso se entiende como "corresponsabilidad". En este contexto, algunas de las preguntas que movilizan esta investigación son: cómo se genera la corresponsabilidad en las políticas diferenciadas de la infancia vulnerable, cuál es el rol de ambas esferas en ellas y cuáles son las dimensiones y componentes a reforzar o generar para perfeccionar esta relación público-privada. Para responderlas, este estudio desarrolla una aproximación metodológica que combina herramientas cualitativas y cuantitativas. En una primera fase, las herramientas cualitativas permitieron identificar las principales características del vínculo público-privado. Luego, el instrumental cuantitativo (Proceso Analítico Jerárquico) posibilitó identificar y priorizar las dimensiones y componentes a mejorar -o generar- en el marco de la corresponsabilidad. Los hallazgos del estudio dan cuenta de que el acercamiento de ambos mundos se genera con características de verticalidad. Por un lado, la esfera pública es la que define la política diferenciada, con algún grado de participación del mundo civil -el que depende del nivel de legitimidad que le atribuyan las autoridades públicas- y, por el otro, la participación de la Sociedad Civil se aboca a la ejecución de dicha política, situación que se explica fundamentalmente porque el Estado es quien administra los recursos que, en gran parte, sostienen a la esfera privada que la implementa. La investigación concluye que existe un desafío por generar diálogos horizontales, en los cuales la relación no se vea condicionada por quién administra los recursos económicos, sino que más bien gire en torno al propósito común que comparten respecto a la infancia. Otras conclusiones que surgen de ella son, en el ámbito institucional, la necesidad de activar una Ley de Protección de Derechos; en el plano financiero, evaluar el sistema de financiamiento en pos de disminuir las debilidades que se le atribuyen como, por ejemplo, el resguardo de metodologías exitosas y, finalmente, en el ámbito organizacional, la necesidad de reforzar los espacios de interlocución en la producción e implementación de las políticas diferenciadas, fortaleciendo las capacidades organizacionales de la Sociedad Civil y redefiniendo las tareas del Estado (asignándole roles activos en la recuperación del conocimiento instalado en la esfera privada y haciendo un acompañamiento técnico de la intervención). Algunas de las recomendaciones que emanan del estudio para mejorar la corresponsabilidad son: generar este acercamiento entre esferas en torno a un reordenamiento institucional que cuente con mecanismos de exigibilidad para el diálogo, de modo que éste no se remita exclusivamente a la voluntad de las autoridades; destinar recursos públicos para mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones privadas a través de las cuales el Estado implementa las políticas y programas para niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad y, finalmente, generar un catálogo de buenas prácticas de intervención, de manera que se comparta el conocimiento respecto al trabajo con niños en esa condición.