ESTUDIOS DE CASO Nº 110 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA: DESAFÍOS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

La necesidad de reconciliar el conflicto trabajo-familia paulatinamente ha ido adquiriendo mayor relevancia en las discusiones internacionales no sólo por su impacto en la calidad de vida, sino porque puede crear problemas aún más importantes a las sociedades, empresas, familias, hombres y, particularmente, a las mujeres. Pese a que este debate está más desarrollado en países industrializados - debido a los importantes cambios sociodemográficos, así como producto de la conformación de la familia y la incorporación laboral de la mujer- éste es relevante en todos los países. De hecho, no está ausente de conflictos y sea cual fuere el tipo de intervención estatal que asuma cada país se generan ineludiblemente consecuencias culturales, sociales y económicas. La controversia consiste en determinar el rol que le compete jugar al Estado en este conflicto. Los ejes en los cuales se situó la clásica distinción de Esping Andersen de modelos liberales, conservadores y socialdemócratas fue, para esta investigación, el de "mínima/máxima intervención estatal" y el eje que distingue el arreglo "hombre proveedor-mujer cuidadora" del de "corresponsabilidad entre hombres y mujeres". Muchos países en desarrollo pueden ser considerados dentro del polo de "mínima intervención", pese a que realicen acciones en este sentido. Sin embargo, otros tipos de apoyo estatal a las y los trabajadores con responsabilidades familiares no son provistos y las familias deben solucionarlo de manera privada, ya sea apelando a la solidaridad familiar o -en la medida de sus posibilidades- recurriendo al mercado, aumentando así las inequidades internas. Si bien en Chile no se conoce de qué manera se expresa el conflicto trabajo-familia, la poca información disponible no significa que esto no sea un problema o que no se haya hecho nada al respecto. El análisis que aquí se presenta, realizado a través de un análisis econométrico de núcleos familiares de la Encuesta CASEN 2006, pretende ser un aporte al ahondar en la consecuencia económica vinculada a la subutilización del capital humano acumulado por la mujer y el impacto de este conflicto en sus salarios. Para ello se estimó un perfil de ingresos para hombres y mujeres -que hayan sido o no padres/madres-incorporando a una ecuación de Mincer, variables asociadas con los hijos/as, corrigiendo luego -a través del método de Heckman- el sesgo de selección relacionado con la participación laboral femenina. En el análisis se encontró que las madres, en términos comparativos, participan menos del mercado laboral, perciben salarios promedios más bajos y trabajan menos horas que las mujeres que no son madres. Esto contrasta con la situación de los hombres, ya que independientemente de ser o no padres, no ven afectada su relación con el mundo laboral. Si bien la política de jardines infantiles aumenta la probabilidad de que las mujeres trabajen, aún faltan medidas que apunten a la corresponsabilidad entre sexos, así como también a facilitar y aumentar la cantidad de estrategias de cuidado disponibles. A partir de estos resultados se puede concluir que Chile se parecería a un modelo conservador, pues son las mujeres quienes mayoritariamente se hacen cargo del mundo reproductivo y, a la vez, también se asemeja a un modelo liberal al considerarse el cuidado familiar como un asunto privado. Ambas situaciones determinan un aumento en las brechas socioeconómicas y de género. Pese a estas semejanzas, nuestro país no ha adoptado en su totalidad las medidas que los países industrializados conservadores y liberales han tomado para mitigar las consecuencias de este conflicto. En la medida que las personas y las instituciones tengan incentivos para actuar como "polizonte" (free rider) del cuidado que otorgan las mujeres, se postula que se justificaría la acción estatal de manera de enfrentar las consecuencias económicas que el conflicto trabajo- familia genera. Más allá de preferencias personales o culturales de las chilenas respecto a su incorporación al mundo laboral, el pacto sociopolítico de base (reflejado en el modelo estatal de reconciliación trabajo-familia) es también el que les permite insertarse satisfactoriamente en éste. El tema, por tanto, no pasa simplemente por facilitar la inserción laboral de la mujer, aliviándola del trabajo reproductivo, sino por apuntar a mecanismos que involucren a más actores y a una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Concretamente se propone avanzar en cuatro áreas: (1) mejorar el levantamiento de información y precisar los análisis realizados, (2) revisar el marco legal de manera de permitir un real balance trabajo- familia, (3) fomentar políticas y prácticas en el lugar de trabajo donde el Estado operaría como un sensibilizador y promotor de nuevas ideas, tanto para las empresas como para los sindicatos y (4) diversificar los tipos de arreglos de cuidado.