ESTUDIOS DE CASO Nº 116 DESAFÍOS PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL MINITERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDA PÚBLICA

Muchas veces la gestión de políticas públicas requiere que Ministerios y Servicios públicos se coordinen para entregar una respuesta e ciente y coherente a problemas complejos y multidimensionales. La realidad, sin embargo, muestra lo contrario: duplicidad de funciones, incoherencia de acciones e irracionalidad en el uso de recursos. En materia de seguridad ciudadana la situación no es muy distinta y entre los años 2006 y 2011 se discutió en el Congreso una propuesta que introduce cambios al marco institucional vigente. Para analizar esta propuesta, esta investigación desarrolló una sistematización e integración de la discusión teórica formulada desde distintas disciplinas respecto de la coordinación, la cual de nió como una práctica circunscrita a un marco institucional, organizacional e individual. A partir de ella, propone la caracterización de al menos 16 fallas, agrupadas en dos vertientes: cuando existen problemas en sus marcos referenciales o bien cuando éstos son compartidos de manera insu ciente. Este estudio aprovechó la contingencia de la discusión de la ley y la relevancia de la seguridad pública para construir un análisis durante el proceso mismo, profundizando en los problemas de coordinación del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde la perspectiva de su marco institucional. Para ello, se utilizó un enfoque analítico crítico y una metodología de investigación cualitativa, a partir de lo cual se analizó la discusión legislativa desde la perspectiva de las fallas de coordinación y se entrevistó a parlamentarios y a expertos protagonistas del debate. Sobre la base de estos insumos, y utilizando el análisis genealógico de las diversas propuestas de marco institucional y su rede nición, se discutieron y caracterizaron los nuevos problemas de coordinación que surgían de cada rediseño. El análisis develó que si bien la nueva institucionalidad en materia de seguridad pública resolvió algunas fallas, también es fuente de posibles nuevas trabas. Los principales avances se lograron a partir de la creación de una norma exclusiva, se explicitaron roles y funciones, se institucionalizó la coordinación y un propósito estratégico -la Política Nacional de Seguridad Pública- y se incorporaron mecanismos de “governance” para cumplirla mediante el Consejo Nacional, los Consejos Regionales de Seguridad y las dos Subsecretarías (de Interior y Prevención del Delito). Por último, se incorporó la autorización de planes y programas como un mecanismo para concretar la coordinación, si bien su gestión queda poco clara y puede originar nuevas trabas burocráticas que di culten su concreción. Otras di cultades también pueden surgir con la delimitación de problemas complejos y multidimensionales, producto de la agencialización de las drogas y el alcohol en el nuevo Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (ex CONACE), o bien en el ámbito de la seguridad donde conviven la prevención, el control, la sanción y la rehabilitación, ya que participan múltiples servicios y entidades públicas y privadas. Junto con esto, también se evidenciaron fallas propias de la seguridad pública, producto de las diferencias de culturas entre el mundo uniformado, civil y político. Esto permite a rmar que mejorar la coordinación es un proceso que, sin duda, requiere introducir mejoras en sus tres marcos referenciales (institucional, organizacional y personal), de modo de avanzar desde la coordinación a la concertación. En este sentido, el principal desafío para el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública es lograr darle sentido a la acción de los sujetos para que implementen esta nueva institucionalidad, dada la envergadura del cambio y la complejidad de la coordinación entre actores en el ámbito de la seguridad pública.