ESTUDIOS DE CASO Nº 65 LA DEMANDA POR JUSTICIA UN PROBLEMA DE POLÍTICA PÚBLICA

Uno de los avances más notorios en el campo de las políticas públicas en el último tiempo ha sido constatar que la calidad de las instituciones es una variable clave en el crecimiento económico de un país, y que los sistemas judiciales son una pieza fundamental en el desarrollo social. No obstante, el sistema judicial chileno ha sido un sector tradicionalmente postergado. Los intentos reformadores se han centrado en la oferta, mediante el aumento del número de tribunales y la dotación de personal. El presente estudio -centrado en el fenómeno de la demanda por justicia- provee un marco analítico que permite caracterizar los niveles de litigiosidad de la sociedad chilena en materia civil, e identificar los principales factores que determinan en los particulares la decisión de judicializar un conflicto. A partir de ese marco se entregan algunas orientaciones de política pública. El marco de referencia se basa en el concepto de justicia como un bien predominantemente privado. Sin pretender buscar argumentos en el discurso legal para forzar el carácter público de la justicia, en particular en materia civil y comercial, el estudio analiza la problemática de la justicia desde una perspectiva económica, y afirma que las relaciones sociales comprendidas en el sistema judicial se pueden entender como relaciones de intercambio entre oferentes y demandantes. Revisados estos argumentos y algunas ideas generales de la teoría de la litigación, el estudio profundiza en el fenómeno de la demanda por justicia civil en Chile. Presenta antecedentes relacionados con su evolución y características y destaca su aumento en los últimos años, lo que se explicaría a partir de cinco hipótesis: (i) desarrollo y crecimiento económico; (ii) conciencia y democratización ciudadana; (iii) explosión demográfica; (iv) modernización del Estado, y (v) aumento en el número de abogados. Se analizan los factores explicativos que sustentan estas hipótesis y que determinarían el incremento en la demanda. Por último, la revisión en detalle de estos factores permite afirmar que la cantidad de litigación advertida en el sistema no es socialmente óptima; en especial producto de las divergencias entre los incentivos privados y sociales para usar el sistema judicial. Frente a esas divergencias se proponen algunos lineamientos de política pública que podrían incidir en su disminución: establecer tasas judiciales, modificar el sistema vigente de costas, fomentar el sistema de «cuota litis», desjudicializar ciertas gestiones voluntarias y propiciar el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.