ESTUDIOS DE CASO Nº 36 MODERNIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE ATENCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN VENEZUELA: EL CASO DE LAS REDES LOCALES DE PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Venezuela ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990. Como Estado parte se comprometió a adoptar las medidas legislativas, administrativas, programáticas y de otra índole para dar cumplimiento al nuevo paradigma de protección integral de la infancia, presente en la mencionada Convención. Este sustituye al modelo tradicional de la situación irregular y estipula que todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, son sujetos de derechos, y que la familia, la sociedad y el Estado comparten responsabilidades en su cumplimiento. A raíz de esta exigencia, en 1997 surgió el programa de las Redes Locales de Protección a la Infancia y Adolescencia, diseñado por el Instituto Nacional del Menor, INAM. Definido como un sistema local de servicios en las áreas de atención y prevención, permite dar asistencia inmediata a requerimientos específicos de niños y jóvenes en su ámbito geográfico. Además, desarrolla acciones de difusión y educación que promuevan una cultura de respeto hacia los derechos de los niños y fortalece al núcleo familiar. Las redes se vislumbran como una política pública innovadora que intenta dar respuesta a las exigencias de la Convención. En ese sentido, sus principales características son: la descentralización, la participación, la integralidad de los servicios y la intersectorialidad. Tras analizar este programa, se desprende la necesidad de superar el carácter anual del convenio que da vigencia a las redes. Además, se requiere institucionalizarlas para asegurar el logro de sus objetivos, que son de mediano y largo plazo. Además hay que seleccionar en forma adecuada a los funcionarios de las redes para asegurar que trabajen según los parámetros del nuevo paradigma; diseñar incentivos que estimulen la participación de la sociedad civil en las redes; desarrollar eficientes mecanismos de coordinación que permitan el éxito de la intersectorialidad presente en el programa; asegurar la utilización constante y eficiente de indicadores de gestión, y superar el financiamiento exclusivo del INAM, estableciendo formas alternativas de sufragar gastos.