ESTUDIOS DE CASO Nº 85 LA LICITACIÓN DE DEFENSA PENAL PÚBLICA EN EL NUEVO PROCESO PENAL CHILENO

Este estudio da cuenta de los principales componentes del modelo diseñado en Chile para asegurar la defensa penal en juicio a toda persona involucrada en un proceso penal. El modelo combina prestadores públicos y abogados particulares, estos últimos seleccionados mediante un mecanismo de licitaciones. El análisis se centró en los objetivos de cobertura, calidad y bajo costo de la defensa penal y en el componente privado del modelo. El objetivo era evaluar si los instrumentos diseñados permiten seleccionar a los prestadores más adecuados al tomar en cuenta los incentivos existentes en el mercado privado de justicia. El estudio atiende a los fundamentos de la intervención pública en materia de defensa penal para garantizar la atención profesional con independencia de las capacidades económicas de las personas. Sostiene que los nuevos estándares introducidos por la reforma procesal penal, así como la debilidad de las instituciones existentes para encargarse de la defensa, representaron restricciones importantes al momento de diseñar un mecanismo de defensa penal de oficio. Eso favoreció acudir a la experiencia de otros países con sistema acusatorio de justicia penal, en particular la de Estados Unidos e Inglaterra. Los resultados de la implementación de dicho esquema dan cuenta de una mayor eficiencia en la asignación de recursos para la defensa penal pública, pero no permiten evaluar la calidad de la prestación debido a lo reciente de su aplicación. El estudio también describe de qué manera el enfoque incremental de las políticas públicas está presente en el diseño de este modelo, que se presenta ya modificado para su aplicación en la Región Metropolitana. Estos ajustes generarán impactos en otros aspectos de la prestación, que serán claves para entender los siguientes pasos a dar. A futuro, en la labor y eficacia de la Defensoría jugará un rol central su propia capacidad para pensarse y rehacerse a sí misma, si se toma en cuenta que el horizonte de las políticas públicas debe adecuarse a las necesidades sociales y a los resultados de la marcha del modelo.