ESTUDIOS DE CASO Nº 119 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD: PERSPECTIVA DESDE EL VÍNCULO PÚBLICO-PRIVADO.

En los últimos años, Chile ha ratifcado varias convenciones internacionales en las que se ha reconocido un catálogo de derechos a los niños y adolescentes, incluidos aquellos con discapacidad. En este contexto, algunas de las respuestas entregadas desde la política pública a las necesidades y al bienestar de este grupo vulnerable han girado en torno a la articulación de actores públicos y privados, los cuales se han coordinado para el diseño y la ejecución de planes, programas y acciones en su favor. En este marco, el siguiente paso para el reconocimiento de este catálogo de derechos es generar las condiciones que aseguren su efectivo cumplimiento, por vía de su promoción, defensa y ejercicio garantizado. En este sentido, es posible que las políticas sociales cumplan un rol en torno a esta generación de condiciones, ya que éstas pueden entenderse como “el conjunto más o menos coherente de principios y acciones gestionadas por el Estado, que determinan la distribución y el control social del bienestar de una población por vía política” (Herrera y Castón, 2003, citado en Serrano 2005, p 2). Por su parte, las respuestas desde la política social a las necesidades de este grupo especí co se sitúan hoy día en un escenario que, para la provisión del bienestar, incorpora a actores tanto públicos como privados que deben coordinarse para la entrega de servicios y programas (Serrano, 2005). En este escenario de articulación de actores en torno a iniciativas de política, algunas de las preguntas que guían esta investigación son: ¿Cómo opera la política pública orientada hacia la infancia con discapacidad y cuál es su vinculación con el ámbito privado sin n de lucro? ¿Se generan en esta vinculación público-privada espacios de corresponsabilidad efectiva entre el Estado y la Sociedad Civil? Para responder a estas preguntas, en este estudio se utiliza una metodología que combina instrumentos cualitativos y cuantitativos. En el primer caso, se analiza el contenido presente en el relato y en las percepciones de varios expertos respecto del surgimiento del vínculo público-privado y sus características en el ámbito de la infancia con discapacidad. En una segunda instancia, en tanto, se emplea la metodología multicriterio de Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por su sigla en inglés)1 con el objeto de determinar qué ámbitos se deben priorizar en el acercamiento público-privado, desde su implicancia para las políticas públicas de infancia con discapacidad. Los hallazgos de la investigación indican que este acercamiento de actores opera en un escenario compuesto por aspectos institucionales, organizacionales y nancieros que interactúan entre sí al momento de la intervención, siendo complejo establecer diferenciaciones y observarlos de manera independiente. Por su parte, se concluye que si bien existen percepciones diferenciadas respecto a la corresponsabilización, en términos generales toma la forma de delegación de tareas de ejecución de la política pública a la Sociedad Civil -con base en la transferencia de recursos-, en tanto es ésta quien posee gran parte del conocimiento y experiencia en el trabajo con discapacidad infantil. En términos generales, algunas de las conclusiones de este estudio de caso son: 1) existe una necesidad de formalizar espacios de interlocución que permitan un diálogo uido entre el Estado y la Sociedad Civil, 2) a nivel especí co, en el plano institucional, se detecta la necesidad de hacer una mayor difusión de los instrumentos institucionales como la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 3) en el ámbito organizacional se determina que es necesaria la capacitación del personal que interviene en el ámbito de la discapacidad infantil, así como la provisión de herramientas de gestión que potencien el trabajo realizado conjuntamente y 4) en la dimensión nanciera se evidencia la necesidad de contar con una modalidad de nanciamiento que tenga por objeto lograr mayor estabilidad, continuidad y calidad en las políticas orientadas a este grupo vulnerable. Algunas de las recomendaciones que surgen desde esta investigación establecen: 1) generar espacios formales de interlocución como, por ejemplo, observatorios de los avances de este plano de política, 2) fortalecer la capacitación del recurso humano que interviene en este ámbito de la política pública y 3) crear un ente que canalice la oferta y la entrega de nanciamiento resguardando criterios de calidad en la asignación de los recursos para el desarrollo de políticas de infancia con discapacidad.