Este estudio de caso analiza la implementación del Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Comisión Defensora Ciudadana (CDC) en Chile desde la perspectiva de su impacto en la capacidad de agencia de los ciudadanos. Estas instituciones ponen ‘nuevas reglas del juego’ a las asimetrías de información y poder presentes en la relación Ciudadano/Estado, buscando mitigar a través de sus mecanismos la posibilidad de abuso asociada a la concentración de poder. Sin embargo, inercias sociales tienden a resistir las nuevas lógicas. A partir de allí, la pregunta que guía esta investigación es: ¿qué factores presentes en el diseño e implementación de los mecanismos estudiados inciden en el despliegue o retracción de las capacidades de las personas en el espacio público? Para responder a esta pregunta utilizamos una metodología cualitativa, teniendo como eje el análisis de la Nueva Economía Institucional. Realizamos tres entrevistas en profundidad a personas que, habiendo sufrido una vulneración de derechos por parte de instituciones del Estado, utilizaron estos mecanismos. Las conclusiones apuntan a señalar que pese a que la instalación del CPLT y la CDC ha entregado herramientas importantes para que los ciudadanos hagan frente a las asimetrías del Estado, es necesario introducir mejoras en: (a) disminuir las barreras de entrada para ampliar su público objetivo; y (b) mejorar la capacidad de estos mecanismos para exigir respuestas pertinentes. Finalmente, las debilidades en la implementación de las instituciones estudiadas, hace que muchas veces la capacidad de agencia de los ciudadanos desemboque en acciones fallidas o claramente insuficientes.