La consolidación democrática en Argentina ha ido dando lugar a una preocupación ciudadana por el fenómeno de la corrupción y la necesidad de observar estándares éticos en la esfera gubernamental que den credibilidad al rol del Estado. La corrupción ha alimentado una situación de alta conflictividad política y económica y supone altos costos para el país. Se estima que por corrupción se desvían alrededor de US$ 6 mil 200 millones de los US$ 80 mil millones anuales destinados al gasto público consolidado (López Murphy, 1996)1 . La corrupción es un impuesto implícito, ya que el desvío de fondos fiscales hacia prácticas corruptas disminuye los servicios sociales que presta el Estado, afectando a las familias más pobres. La corrupción supone un atentado a los principios de equidad distributiva2 . En este estudio de caso se analizan las acciones de política pública sobre corrupción, aplicadas en Argentina desde 1994, año en que el tema es asumido constitucionalmente 3 . Se analizan las distintas formas asumidas por la corrupción, los mecanismos legales y administrativos implementados, los acuerdos internacionales sobre la materia, los programas y proyectos elaborados por los diferentes organismos del Estado para promover la prevención y eliminación de la corrupción y de las faltas a la probidad pública, las modalidades de participación de la sociedad civil y el rol de los medios de comunicación social. A partir de la investigación realizada se evalúan las debilidades de las propuestas y políticas implementadas, con el objeto de configurar una agenda de recomendaciones que permita fortalecer el tema de la ética y probidad pública en la gestión gubernamental.