Este trabajo analiza y evalúa la efectividad de los objetivos propuestos por la Ley núm. 19.561 de fomento forestal, orientada a incentivar el establecimiento de plantaciones forestales en predios de pequeños propietarios rurales y en suelos degradados o erosionados. Los resultados obtenidos señalan que los objetivos pretendidos de la ley no se cumplen satisfactoriamente. Durante su vigencia, las empresas y los particulares son los responsables del 63,4% de los bosques plantados, mientras que el sector de pequeños propietarios sólo ha logrado generar un 37,6%, lo que supera levemente la tasa de forestación de los años "90 (en ausencia de la ley). En relación con los montos bonificados por el Estado, la distribución es más equilibrada: queda en manos de los pequeños propietarios el 45,9% de los recursos entregados durante el periodo en estudio (US$ 26,4 millones), y recae en las empresas y particulares el 30,8% y 23,3% restante, respectivamente. La distribución territorial del patrimonio forestal establecido se encuentra altamente concentrado en las regiones de mayor desarrollo forestal (VII, VIII y IX), acumulando el 67,9% del total plantado y el 62,5% del total bonificado. En consecuencia, la actual ley de fomento presenta problemas de equidad en su focalización territorial, evaluado desde el punto de vista de su función ambiental de recuperación de suelos degradados y tiende a repetir el comportamiento del antiguo D.L. 701, el cual tenía por objetivo sólo impulsar el desarrollo industrial. Se concluye la necesidad de ajustar el proceso de focalización y acotar el uso del subsidio exclusivamente a pequeños propietarios en las regiones eminentemente forestales (Maule, Bío Bío y La Araucanía). Para las otras regiones se propone dejar abierto el subsidio para todos los agentes económicos que deseen forestar en terrenos erosionados y cumplir, de esta forma, el objetivo social y ambiental de esta ley.