En este estudio se postula que la participación ciudadana contribuye a la sustentabilidad del sistema democrático y favorece la legitimidad del Estado, al vincular la acción estatal con las preferencias de la comunidad. Ello se traduce en una gestión pública más innovadora y eficiente, que tiende a asegurar una distribución más igualitaria del poder y una mayor integración y equidad social. Para el análisis de la participación se revisan las dimensiones teórico conceptuales de participación, ciudadanía y descentralización. Luego se realiza un análisis del marco legal normativo de la participación ciudadana, examinando el marco constitucional y el marco legal a nivel local, y se examinan las debilidades y desafíos del sistema político frente a la participación. Se concluye que la mayor dificultad de concretar procesos de participación es la imprecisión conceptual y analítica, lo que genera una brecha entre el discurso oficial participativo y las acciones adoptadas para incorporar a la ciudadanía en la gestión pública. Se plantea que esta debilidad está ligada a que la participación se vincula con las distintas concepciones normativas de la acción pública y con las restricciones institucionales que impone un sistema político que no cuenta ni con la legitimidad ni el respaldo ciudadano suficientes. Se concluye que las iniciativas participativas innovadoras surgidas en el espacio local han permitido disminuir esta brecha. Se sugiere avanzar hacia la constitución de un nuevo pacto social que articule nuevas formas de relación entre lo público y lo privado, fortalezca el carácter ciudadano de la gestión pública y sustente las bases de una organización social y política cimentada en una democracia ciudadana y participativa.