Este estudio de caso pretende demostrar que el nuevo Modelo de Justicia Penal Adolescente de Nicaragua es una política social orientada a mejorar las problemáticas de los adolescentes en conflicto con la ley. A partir de una matriz conceptual de políticas públicas, propuesta por Manuel Tamayo, se realiza dicha demostración, la que abarca el análisis del marco ideológico y político que sustenta la iniciativa; la génesis del proyecto; su diseño a través de la ley que lo formaliza; sus principales criterios humanitarios y de justicia social a favor de sus usuarios, y su vinculación con la situación que ellos enfrentan en el actual contexto nicaragüense. El análisis profundiza en las justificaciones sociopolíticas, de equidad social y de racionalidad económica encontradas como hallazgos centrales del Modelo, y así responde a una de las directrices centrales del estudio: justificar desde una perspectiva social y económica el financiamiento y la aplicación de esta política social. La propuesta se somete a una evaluación social que toma en cuenta sus beneficios y costos tangibles. Los resultados del Valor Actual Neto son satisfactorios para el Modelo, y se cuenta con evidencia empírica acerca de su rentabilidad social y económica. Al concluir, el estudio entrega una serie de sugerencias para el proceso de implementación del Modelo, que esperan ser útiles en el desarrollo de esta propuesta como política pública.