Desde 1990, la Constitución Política de Nicaragua le asigna al sistema de educación superior el 6% del Presupuesto General de la República. Este estudio analiza la eficiencia en la asignación y administración de dichos recursos y propone cambios que conduzcan a una educación más eficiente y equitativa. Tras examinar los datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida de 1998, además de la información presentada por el Consejo Nacional de Universidades y otras fuentes de carácter oficial, el estudio demuestra que en Nicaragua no hay una asignación óptima de recursos estatales hacia la educación superior, y que éstos se utilizan en forma ineficiente. Se concluye que la mayoría del financiamiento público dirigido a la educación superior es aprovechado por el segmento socioeconómico con niveles más altos de consumo, ya que los sectores más pobres acceden en forma minoritaria a este nivel de educación. Con el objetivo de reducir la ineficiencia en la administración de recursos y la inequidad en el acceso a las universidades, el estudio propone que el actual sistema de financiamiento se reemplace por un sistema de crédito estudiantil que subsidie la demanda, mediante créditos con bajo interés y flexibles en su forma y plazos de pago.